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(*) Por Ángel Rozas

Leandro Despouy es el legítimo presidente de la Auditoría General de la Nación

Graves hechos se sucedieron días pasados en el Congreso Nacional donde, desde una Comisión Parlamentaria, se ha buscado desconocer la investidura de Leandro Despouy como presidente de la Auditoría General de la Nación.
Según la Constitución Nacional, le corresponde al partido político de oposición con mayor número de legisladores nacionales –que es actualmente el radicalismo- proponer al presidente de la Auditoría General de la Nación.
Leandro Despouy se viene desempeñando en ese cargo con ejemplar independencia, honestidad y eficacia desde el año 2002 cuando tuve el honor de proponerlo, desde la presidencia del Comité Nacional de la UCR con el apoyo de los máximos dirigentes de nuestro partido.
Desde entonces se ha destacado en sus funciones con un desempeño brillante que es motivo de orgullo para todos los radicales y los argentinos, pues supo brindarle al país una larga lista de auditorías que pusieron de manifiesto graves casos de irregularidades en organismos estatales con una tenacidad y fortaleza admirables.
Ahora, con distintas artimañas legales, los legisladores oficialistas de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas sostuvieron la semana pasada que su mandato se encontraba vencido desde el 19 de marzo de 2010 cuando cumplió su primer mandato de ocho años.
Todos los demás auditores que integran la Auditoría General de la Nación son elegidos por ese lapso, aunque pueden ser reelegidos por otro período igual según la legislación anterior a la reforma constitucional de 1994.
Pero la Constitución Nacional que crea con rango constitucional la Auditoría General de la Nación, no establece plazos para el mandato del presidente de ese organismo, y en su artículo 85 dice expresamente que “será designado por el partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”.
Desde 2002 hasta ahora la Unión Cívica Radical ha ratificado siempre la gestión de Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación y jamás ha nominado un sucesor ni comunicado ningún cambio en la titularidad del organismo, que le corresponde proponer al Congreso. Por ello jamás se ha puesto en duda la investidura del presidente en la persona de Leandro Despouy, que así fue reconocida por todos los estamentos del poder estatal y todas las instituciones de la República hasta el presente.
Hoy debemos impedir un atropello institucional al control de los actos de gobierno y encomiar la valiente decisión de Despouy de continuar en su puesto –decisión que apoya toda la oposición- porque constituye una garantía para que la Auditoría General de la Nación no se transforme en otro apéndice del Poder ejecutivo Nacional.
También la proyección institucional y el riesgo de nuevas arremetidas como esta cuestionada maniobra para desplazar de su cargo a Leandro Despouy ponen de relieve, una vez más, la necesidad imperiosa de que el Congreso de la nación se aboque, cuanto antes, a sancionar la Ley reglamentaria del artículo 85 de la Constitución Nacional que instituye el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación como lo ordena claramente nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994.
De tal manera, se cumplirá otra asignatura pendiente del Congreso Nacional para dotar a este órgano constitucional, la Auditoría General de la Nación -nada menos que la entidad fiscalizadora superior de la Nación- de un instrumento legal que permita garantizar plenamente los principios esenciales del control externo gubernamental: independencia, objetividad, idoneidad, técnica, libre acceso a la información.
Con ello se estará contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones de la República y a una mayor protección de los intereses de la comunidad, que siempre exige el control republicano de los actos de gobierno.
El Gobierno Nacional, en estos días tan inflamados desde el punto de vista político, social y económico, en vez de atemperar y cordializar el país, empuja a sus legisladores a cometer tamaño atropello institucional. En realidad es un golpe a la institucionalidad del país. Leandro Despouy ha sido y es un ejemplo en la República.
 

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