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El ministro Soto y el Bloque del PJ denunciaron a dirigentes de Libres del Sur

Diputados del Bloque Justicialista y de la Comisión de Educación asistieron esta mañana a una reunión con el Ministro de Educación, Sergio Soto y alrededor de cuarenta personas que forman parte del Programa de Promotores Comunitarios para la Inclusión Ciudadana (PROCIC) que realizaron una serie de denuncias por "hostigamiento, amenazas, agresiones y retención indebida de haberes" contra dirigentes que identificaron como parte del Movimiento Libres del Sur que se encuentran a cargo de dicho programa.

Asistieron a dicha reunión en la sede del Ministerio de Educación el Presidente del bloque Justicialista, Ricardo Sánchez; la Presidenta de la Comisión de Educación, Wilma Molina, la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Nancy Mariel Gersel y los diputados Mirta Morel y Raúl Acosta. El Ministro estuvo acompañado por los miembros de su gabinete, la Subsecretaria de Políticas Educativas Marcela Acquisgrana y el señor Luis Risso.

Los denunciantes manifestaron que entre otras cosas, "los dirigentes a cargo del programa nos obligan a hacer un 'aporte' de una parte de nuestras becas para el sostenimiento de la organización, nos obligan a asistir a las marchas y actividades partidarias y usan a los becados del PROCIC para actividades partidarias como la realización de las encuestas para el Índice Barrial de Precios e incluso para afiliar gente a Libres del Sur".

Al respecto, el diputado Ricardo Sánchez aclaró que "si bien habíamos escuchado rumores sobre una situación irregular en el PROCIC, es la primera vez que un grupo de gente se anima a decirnos que esto es así", y evaluó la denuncia como "particularmente grave porque son 1057 los chaqueños que están dentro del PROCIC con becas que están entre 700 y 1000 pesos, por lo que ese aporte económico para actividades políticas que denuncian que se les está exigiendo es absolutamente deleznable por pequeño que sea".

Sánchez felicitó al Ministro "por la apertura de esta investigación, porque no podemos desde el Estado tolerar que a gente que cobra 700 pesos se le diga 'mirá, no solo tenés que ir a la marcha que organizamos desde Libres del Sur sino que encima tenés que pagar un dinero'" aunque aclaró que "no queremos con esto hacer un juicio de valor o decir que ese dinero fue al bolsillo de fulano o mengano porque eso es motivo de una investigación que seguramente se iniciará a niveles administrativos y terminará en el judicial; Carlos Martínez es el referente de Libres del Sur y esta agrupación es el foco de la investigación pero yo no puedo afirmar hoy que la plata se la quedó él, porque sería temerario y desconsiderado para con el colega diputado".
"Lo que no podemos hacer nosotros es ser espectadores pasivos de un tremendo hecho de corrupción que se da dentro de un programa del Estado, este es el inicio de una investigación en la que está comprometido el poder público porque se trata de fondos estatales de mas de 14 millones de pesos" finalizó.
El diputado de la Concertación –FORJA, Raúl Acosta manifestó su tristeza "por esta situación, porque el gobierno pone un monto anual importante para un programa que beneficie no solamente a la gente que está desocupada con el mínimo ingreso de una beca, sino también para alfabetizar a la gente" entonces, "que se use un programa del estado, con los recursos del estado, para someter a la gente y para hacer una actividad política partidaria me parece una práctica totalmente deplorable, amenazar a la gente diciéndole que si no va a un piquete o a una marcha se le va a dar la baja – siendo la mayoría gente muy humilde, con chicos, en su mayoría mujeres- me parece una práctica totalmente repudiable y mas por parte de un movimiento que habla de los pobres, de la libertad, de los derechos humanos, de la violencia de género, se jactan de esas grandes causas y en la práctica parece que trabajan para otro lado, apretando, amenazando".
"Nosotros como diputados escuchamos las denuncias de esta gente que hablaba de situaciones de violencia de género, gente que ha sido amedrentada, amenazada, del aporte involuntario que se hace bajo amenaza de consecuencias en la fuente de trabajo" apuntó, "lo que nosotros le pedimos al Ministro es que desde ahora en mas el Ministerio se haga cargo del Programa, que sea el único encargado de dar las altas y las bajas y que se le comunique a los beneficiarios que de ahora en mas no dependen de un puntero político o de un dirigente, que no tienen que aportar ni un solo peso y que nadie está obligado a ir a ninguna marcha o a hacer nada que no sea cumplir con su trabajo".

La diputada Wilma Molina manifestó "el interés de la Comisión de Educación por este tema, vamos a estar acompañando las medidas que tome el Ministro porque nos parece muy grave esto, no solo por lo que se está haciendo con las personas que trabajan en el PROCIC sino que tenemos que tener en cuenta que de esta manera también se está perjudicando a todas las personas que deberían estar siendo alfabetizadas y que no lo están porque los alfabetizadores son obligados a cumplir con estas otras contraprestaciones de asistir a marchas políticas, realizar encuestas".

La legisladora destacó que "este es uno de los puntos mas graves porque justamente este Gobierno tiene como política llegar al analfabetismo cero" e insistió en que "desde la Comisión de Educación nos vamos a comprometer a seguir de cerca este tema, a estar en contacto con el ministro y a acompañar todas las medidas".
Las diputadas Gersel y Morel manifestaron su preocupación por las denuncias de las personas presentes en la reunión y les expresaron la voluntad de que tanto en la Comisión de Educación como en la de Derechos Humanos se atienda el reclamo.
El Ministerio retomará el control del PROCIC e iniciará una investigación
El Ministro de Educación manifestó dio a conocer su decisión de "emitir una Resolución por medio de la cual el Ministerio de Educación a partir de este momento va a ser el absoluto responsable de llevar adelante el programa PROCIC creando un directorio para conducirlo" y le transmitió a las personas presentes "la tranquilidad de que ninguna de estas personas va a ser tocada, ni cercenado ninguno de sus derechos por sus creencias, sus dichos políticos o su práctica social".
El titular de la cartera educativa aclaró que "si bien con esto yo no abro juicio de valor ni acuso formalmente a nadie, me veo en la obligación de investigar estas cuestiones porque evidentemente si llegara a ocurrir lo que estas personas están denunciando es muy grave y es algo que el ministerio no puede permitir" y detalló que los trabajadores del PROCIC "me han denunciado que en muchas oportunidades fueron obligadas a entregar parte de su ingreso para una organización social y política, fueron amedrentadas y obligadas a ir a distintas marchas, a distintos acontecimientos y manifestaciones políticas; han sido maltratadas, tratadas con violencia de género incluso".

"Por lo tanto lo que va a hacer este ministerio es iniciar inmediatamente una investigación y va a pasar los informes correspondientes" informó, "pidiendo la intervención de la Cámara de Diputados puesto que estamos hablando de la probable participación de un diputado en este tipo de acciones ya que todo el mundo sabe que el principal referente político de este sector se llama Carlos Martínez".

Por otra parte, Soto citará a los más de mil integrantes de este programa "a tener una charla directa con el Ministro a los efectos de poder clarificar toda esta situación".

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